La consolidaci\u00f3n del Estado Constitucional y Democr\u00e1tico de Derecho obliga al legislador, al aplicador del derecho, al int\u00e9rprete, y en concreto a todo poder p\u00fablico y a privados, a respetar, aplicar y hacer cumplir los postulados de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.<\/p>\n

Esta vinculaci\u00f3n se ve, especialmente, en materia penal, ya que las tensiones con los Derechos Fundamentales son m\u00e1s frecuentes. En este sentido, solo el correcto entendimiento del Estado Constitucional y de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica podr\u00eda dar luces de soluci\u00f3n al problema.<\/p>\n

Esto nos lleva a reconocer que en la Constituci\u00f3n existen mandatos legislativos en materia penal, de obligatorio cumplimiento al legislador que toma el nombre de \u201clo constitucionalmente necesario\u201d, pero tambi\u00e9n hay prohibiciones de legislar en materia penal, que toma el nombre de \u201clo constitucionalmente prohibido\u201d; y, por \u00faltimo, el amplio margen de actuaci\u00f3n del legislador democr\u00e1tico se circunscribir\u00e1 dentro de lo Constitucionalmente Posible.<\/p>\n

Sin embargo, este marco de actuaci\u00f3n del legislador dentro de lo Constitucionalmente Posible no es del todo libre, pues se encuentra vinculado por determinados principios y postulados que conforman el Programa Penal de la Constituci\u00f3n, sobre la base del cual el legislador penal ha de orientarse a efectos de la tipificaci\u00f3n de conductas y el establecer sanciones penales. Asimismo, el legislador penal ha de prestar observancia y cumplimiento de los principios penales constitucionales y disposiciones constitucionales que conforman el Derecho Penal de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n

En la evoluci\u00f3n del Estado Legal al Estado Constitucional de Derecho nos permite observar la evoluci\u00f3n del paradigma cl\u00e1sico del Derecho penal al moderno paradigma del Derecho penal, en sus relaciones con la Constituci\u00f3n. El discurso cl\u00e1sico se resume en dos tesis: (1) el ius punendi es una fuente de peligro para los derechos fundamentales, (2) es necesario contar con arreglos institucionales para controlar esos peligros.<\/p>\n

El cambio de paradigma y el entendimiento del Principio de Fuerza Normativa de la Constituci\u00f3n, permite entender que el Ius Punendi ya no se legitima por el hecho de no afectar aquel contenido esencial de los Derechos Fundamentales (legitimaci\u00f3n negativa), sino que ahora su legitimaci\u00f3n se concretar\u00e1 en la medida que atienda a la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales.<\/p>\n

En palabras de Massimo Donini\u00a0(DONINI, Massimo. \u201cUn Derecho Penal fundado en la carta constitucional: razones y l\u00edmites. La experiencia Italiana\u201d. En: Revista Penal. ISSN, N\u00b0 8, A\u00f1o 2001, p\u00e1ginas 24 \u2013 25)<\/em>\u00a0se trata de plantear una cuesti\u00f3n mucho m\u00e1s radical: si no es posible, o m\u00e1s bien, si no es necesario encontrar en la Carta Constitucional una especie de s\u00edntesis a priori, un modelo de intervenci\u00f3n penal que se imponga al Parlamento desde fuera, o desde arriba. Un programa m\u00e1s o menos detallado que vincule al legislador tanto respecto a los fines, como a los instrumentos de tutela. Despu\u00e9s, de este programa o modelo se podr\u00edan extraer tambi\u00e9n los l\u00edmites negativos a la intervenci\u00f3n penal: dentro, en esta medida, de un determinado dise\u00f1o.<\/p>\n

Es decir, la premisa b\u00e1sica de un Programa Penal de la Constituci\u00f3n es entender que el legislador se encuentra en la obligaci\u00f3n de legislar en materia penal tan solo a partir de los postulados de la Carta Fundamental, en el sentido que \u00e9sta ya no constituye el l\u00edmite al ejercicio del Ius Punendi Estatal, sino que actualmente se debe entender como su fundamento mismo. Precisamente a partir de esta noci\u00f3n del fundamento de legislar en materia penal, es que el Programa Penal de la Constituci\u00f3n adquiere relevancia pr\u00e1ctica y no te\u00f3rica.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Autor: Andr\u00e9 Sota Fecha de publicaci\u00f3n: 08 de Agosto del 2016 La consolidaci\u00f3n del Estado Constitucional y Democr\u00e1tico de Derecho obliga al legislador, al aplicador del derecho, al int\u00e9rprete, y en concreto a todo poder p\u00fablico y a privados, a…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":847,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1086"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1086"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1086\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1125,"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1086\/revisions\/1125"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/847"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cedpe.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}